EEUU: En caso de emergencia, inmigrantes ilegales temen llamar al 911

ADITAL – La manera en que autoridades estatales y locales aplican las leyes de inmigración en Estados Unidos ha impedido que migrante en situación ilegal en ese país recurran a la seguridad pública para denunciar casos delictivos. La situación afecta, por ejemplo, a la extensa comunidad de latinoamericanos que migran a tierras estadunidenses, quienes quedan vulnerables y al margen de la protección del poder público ante situaciones como robos y/o agresión sexual.

La información es de Human Rigths Watch (HRW), organización de derechos humanos con sede en los EUA. Para esta organización, los estados y ciudades del país, deberían realizar separadamente el trabajo policial en la comunidad, de la aplicación de la normativa federal sobre inmigración. Actualmente esta se ejecutiva según el programa federal “Comunidades Seguras”, que incorpora a autoridades locales de toda el país en la acciones federales de identificación de migrantes que pueden ser deportados.

El programa, iniciado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE), en 2008 y ampliado en 2013 a todo el país, reúne la impresiones digitales de las personas relacionada con las denuncias y las envía al Buro Federal de Investigaciones (Federal Bureau of Investigations, FBI), para que sean cotejadas. Cuando se identifica a un inmigrante, con los requisitos para ser deportado, se da una acción conjunta en que la policía detiene a esta persona y la traslada a la agencia de inmigración.

“La función federal de identificar personas a ser deportadas no se debería confundir con la misión de los estados de proteger [a los pobladores] de delitos de violación sexual u otros. Cuando estas funciones se confunden y amplios sectores de personas expresan temo de llamar al teléfono 911, se menosprecia la seguridad púbica”, afirma Alison Parker, directora HRW en Estados Unidos.

Según HRW, entre 2009 y 2013, miles de personas con fuertes vínculos familiares en Estados Unidos han sido afectadas por el proceso. Uno de ellas fue Miguel (seudónimo), un inmigrante de Nashville, capital del estado de Tennessee, que solicitó asistencia de la policía (911) para lidiar con un miembro de la familia en problemas. Como resultado fue sometido a un proceso de deportación, poco después de su llamado. “Lo que puedo decir es si volviese a vivir esa situación, no llamaría otra vez la Policía. La verdad es que yo considero que esta llamada cambio mi vida”, atestigua.

Para la organización, la situación se agrava porque el Congreso no aprobó una reforma integral de la política migratoria en el país, que incluya una vía de regularización de la condición jurídica de extranjeros no autorizados. “El ICE debe centrar sus actividades en las personas que son verdaderamente peligrosos, en lugar de interceptar a las madres que son migrantes no autorizados y circulan con sus hijos estadunidenses en un vehículo con un foco averiado “, sugiere Parker.

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