Las pistas de Bloomberg y la aplicación del “modelo Honduras” contra Venezuela.

Tomado de Misión Verdad.

En un artículo publicado el viernes 17 de agosto, una fuente de Bloomberg revela que dos de los grupos que planeaban dar golpes de Estado contra el Gobierno venezolano se reunieron en abril de este año en Bogotá, semanas antes del ataque con drones del 4 de agosto.

El primer grupo estaba compuesto por algunos militares activos de los cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), quienes pretendían impedir las elecciones presidenciales del 20 de mayo, secuestrar al presidente Nicolás Maduro y “enjuiciarlo”. Estos planes fueron abortados gracias a las labores de inteligencia de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano, quienes infiltraron la “Operación Constitución” (nombre que le habían asignado los conspiradores) y arrestaron a una docena de estos militares y un par de civiles.

El segundo grupo estaba compuesto en su mayoría de civiles. Según Bloomberg, estos planeaban asesinar a Maduro y les pidieron al grupo de los militares que unieran fuerzas. En dicha reunión mostraron videos de drones armados embarcados desde Miami y siendo probados en una granja colombiana. Este dato concuerda con las pruebas presentadas por el ministro de comunicación e información Jorge Rodríguez, las cuales demuestran que uno de los drones había sido maniobrado en una finca en la ciudad de Chinácota, ubicada a 45 kilómetros de Cúcuta, en el departamento Norte de Santander, en donde los terroristas fueron entrenados.

Bloomberg también afirma que el grupo de los militares se negó a participar, pues los civiles “parecían poco profesionales” y además no estaban interesados en matar a Maduro. Uno de los participantes en la reunión de abril en Bogotá dijo a ese medio que cree que las personas con las que se reunió su grupo fueron los perpetradores del magnicidio frustrado.

Varias agendas que persiguen el mismo fin pero con diferentes métodos están en pleno movimiento contra Venezuela, y lo revelado por este medio internacional lo corrobora. No hay consenso en cuanto a la estrategia a utilizar contra el país, y todos compiten por ver quién impone su ruta como la que debe seguir todo el ecosistema opositor.

Otro dato importante es que Bloomberg no pone en duda la veracidad del magnicidio, por el contrario aporta datos que sustentan la investigación del Gobierno nacional. Si las pruebas presentadas por los cuerpos de seguridad no eran suficientes, esto debería poner punto final a la especulación mediática con respecto a lo ocurrido el 4 de agosto.

Goteras en la FANB: abril de 2002 hasta agosto de 2018

Aunque públicamente no se habla lo suficiente de ello, la FANB es un objetivo permanente para quienes tienen como agenda política atentar contra la seguridad y estabilidad del país.

Desde la llegada de Hugo Chávez a Miraflores, factores políticos internos (empresarios, partidos políticos, sectores de la Iglesia católica, etc.) y externos (gobiernos aliados a Washington en la región, empresas transnacionales, etc.) han buscado en los militares una solución rápida al problema que para ellos representa el chavismo. La carta del golpe clásico siempre ha estado sobre la mesa, sólo que nunca han podido materializarla.

En parte por el liderazgo que aún mantiene el Comandante Chávez dentro de la FANB y la lealtad que se ha ganado Nicolás Maduro durante su primer período presidencial. Sin embargo, en 2002 varios militares, la mayoría de la vieja guardia, abiertamente se pronunciaron en contra de Chávez y jugaron un papel relevante dentro del golpe de Estado que sacó al chavismo brevemente del poder.

Uno de los casos más representativos y planificados de la conspiración militar ha sido el de Baduel, quien dio inicio a una nueva ola de alzamientos “por la izquierda” en la institución castrense, tradición continuada más recientemente por el ex ministro Miguel Rodríguez Torres.

La “Operación Constitución”, el “Golpe Azul” y otros abortos de cambio de régimen reseñados en este portal, evidencian que la FANB busca ser infiltrada para acompañar una agenda golpista contra el Gobierno venezolano. La misma es insistente y abiertamente promovida por importantes sectores del gobierno de Estados Unidos.

Recordemos el caso Honduras: el ejército secuestró a Manuel Zelaya y lo sacó del país en pijamas, previa orden de una Corte Suprema que le dio legitimidad al golpe. Imposible no hacer el paralelismo con la reciente “sentencia” del parapeto de tribunal que el antichavismo montó en Bogotá, que ordena detener a Maduro y encerrarlo en Ramo Verde.

No es casual que uno de los operadores del golpe contra Zelaya haya declarado que el ejército venezolano es “la única institución capaz de instigar una verdadera transición política en Venezuela“. El “modelo Honduras” es el que algunos sectores proponen seguir para el caso venezolano.

Hasta ahora, el DGCIM y demás organismos de inteligencia venezolanos han demostrado una gran efectividad para detectar y neutralizar estos movimientos. Pero el fantasma de la conjura está presente y es algo que no se puede desestimar invocando el mantra de la unión cívico-militar, como tampoco se puede minimizar la importancia que tiene ésta en la estabilidad política del país.

Y es que una de las fortalezas del Estado venezolano frente a la multiforme agresión internacional ha sido precisamente esa unión que Chávez se encargó de reconstruir, borrando las fronteras que artificialmente fueron impuestas entre pueblo y cuerpo castrense. Quebrar esta unidad es uno de los objetivos del Departamento de Estado, y para ello se vale de múltiples recursos que van desde las operaciones psicológicas, como las empleadas contra la Guardia Nacional Bolivariana durante la revolución de color de 2017, hasta la presión vía sanciones a los oficiales del alto mando militar.

Estas sanciones buscarían quebrar lealtades y promover movimientos de sedición dentro de las filas del chavismo. Aunque estas operaciones han logrado tocar a algunas individualidades y causar ruidos dentro de la unidad militar, han fracasado en cuanto a lograr su objetivo final: desplazar al chavismo y lograr el cambio de régimen. Hasta el momento, la unión cívico-militar ha sido una vacuna contra el golpe.

A pocas horas de entrada en vigencia de la reconversión monetaria y una reforma integral de la economía venezolana, en el intento por recuperar un funcionamiento ordenado, el “modelo Honduras” puede ser una de las vías a tentar por parte de los operadores de la guerra contra Venezuela, con el objetivo de evitar la estabilización del país. Esto es lo que subyace en la publicación de Bloomberg y a la naturaleza del intento de magnicidio en sí.

Cierre abierto

La oposición venezolana internamente está desmantelada y sin opciones reales de tomar el poder por la vía legal. Esto hace que la clase política del antichavismo sea presa fácil de la agenda paramilitar, que los utiliza y desecha a conveniencia. Juan Requesens es el ejemplo más reciente de esto, pero también lo son Freddy Guevara y todos los alcaldes y diputados prófugos que bailan al ritmo de un proceso de intervención que los supera y para el cual son totalmente prescindibles.

Esto debido a que los planes contra Venezuela se fraguan desde los grandes centros de poder en el extranjero y sus sucursales regionales, no desde lo local. Y una de sus principales sucursales es Bogotá.

 

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