El proceso de beneficiar con medidas cautelares a ciudadanos implicados en acciones de violencia política entre 2002 y 2017, concluyó en Venezuela con la liberación de 192 personas, gestión del Gobierno para avanzar en el camino de la paz y la reconciliación.
La misión legal no es novedosa, como muchos de los países detractores de la Revolución bolivariana quieren mostrar a la comunidad internacional, explicó en entrevista exclusiva para Prensa Latina el secretario del Consejo de Derechos Humanos de Venezuela, Larry Devoe.
Reseñó que en diciembre de 2017 se realizó un proceso similar con la puesta en libertad de 69 personas por recomendación de la Comisión para la Verdad, la Justicia y la Paz de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
Una parte del sector opositor insiste que la decisión, en “aras de favorecer el proceso de diálogo que está en marcha”, es “muestra de debilidad del Ejecutivo”, aseveración similar a las realizadas cuando el 13 de abril de 2002 el comandante Hugo Chávez, crucifijo en mano, llamó a la reconciliación del país y aprobó una ley de amnistía en el año 2007, refirió Devoe.
La disposición otorgada en esta ocasión es la sustitución de la privación de libertad por medidas cautelares, las cuales, en muchos casos, se limitan a la presentación ante tribunales y la prohibición de salida del país. Esto, a diferencia de la ley de amnistía de 2007, que incluyó el cierre de los procesos en curso y la eliminación de antecedentes penales de quienes recibieron el beneficio, enfatizó el experto.
Para optar por las medidas los postulados no pueden estar procesados por homicidio o hechos graves contra la integridad, ni ser funcionario policial o efectivo militar señalado por vulnerar los Derechos Humanos durante las acciones de violencia política entre los años 2014 y 2017, manifestó el constituyente.
Ante la interrogante de cuál es el mecanismo para definir quiénes pueden ser beneficiados judicialmente, Devoe explicó que el primer paso es estudiar la información de las personas privadas de libertad por participar en los episodios de violencia, suministrada por el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia.
A partir de la base de datos, la comisión revisa caso por caso para determinar cuáles se ajustan a los criterios establecidos y se entrevista con los acusados para conocer su intención de insertarse en la vida política sin enfrentamientos.
Posteriormente se definen los ciudadanos que cumplen con las condiciones y luego son recomendados al sistema de justicia para que sean puestos en libertad, declaró.
A juicio de Devoe, la medida “busca cerrarle la puerta de manera definitiva a esos episodios de violencia”, al liberar a un grupo de personas como señal que invita al debate y a “resolver las diferencias a través del ejercicio del derecho al voto”.
En ese sentido, destacó la posición del presidente venezolano, Nicolás Maduro, al considerar como primera línea de acción gubernamental para el período 2019-2025, el diálogo por la paz y la reconciliación de todos los venezolanos, tras estar dadas las condiciones para iniciar un proceso de esta magnitud luego de la jornada electoral del 20 de mayo.
“El mandatario realizó la propuesta con la esperanza de que estas políticas permitan la incorporación progresiva de los beneficiados al ejercicio de la vida política a través del debate democrático y favorezca la exclusión de la violencia como una herramienta para tratar de resolver las diferencias existentes en el país”, indicó.
El camino a la paz tiene víctimas
El también secretario de la Comisión para la Verdad y la Paz de la ANC, aseveró que en los actos violentos cometidos por sectores de la oposición en Venezuela entre abril y julio de 2017 murieron 121 personas y otras mil 958 resultaron lesionadas, en una ola de cinco mil 45 manifestaciones, de ellas el 88 por ciento devinieron en crímenes.
Ante estas escalofriantes cifras el Gobierno venezolano no deja a un lado a las víctimas y sus familiares, quienes con desprendimiento y visión colectiva impulsan junto al Ejecutivo el interés nacional por la paz sobre el particular, enfatizó.
“Cuando el presidente Maduro propuso crear la Comisión dentro del órgano plenipotenciario, enfatizó que el objetivo principal debía ser la atención a los familiares y víctimas de los actos de violencia política”, expresó Devoe.
Por esta razón, manifestó el funcionario, se creó un fondo especial para beneficiar a las personas afectadas, el cual “integra medidas de atención con herramientas de protección social del Estado”, entre ellas, las vinculadas con el área psicológica a través de la instauración de un grupo multidisciplinario de expertos que acompaña a las víctimas que soliciten asistencia médica.
Igualmente, se les proporciona acompañamiento jurídico en aras de asesorarlos con respecto al curso de los procesos penales en los tribunales del país sudamericano.
Para el experto en Derechos Humanos, los grupos que reúnen a las víctimas del 11 de abril de 2002, al movimiento de afectados por el sicariato campesino y a los de las guarimbas (manifestaciones públicas devenidas en actos de violencia política) de 2013, 2014 y 2017, “juegan un rol trascendental” en el proceso de reconciliación nacional, al aportar sus recomendaciones al jefe de Estado.
No obstante, aclaró que más que condiciones para respaldar la medida de liberación propuesta por Maduro, los integrantes de estos grupos consideran necesario que el Gobierno acelere las investigaciones de los casos de homicidio ocurridos durante las manifestaciones violentas.
Así como solicitaron la creación de mecanismos para evitar que las personas beneficiadas con la medida reincidan en hechos similares, e insistieron en acelerar el proceso de atención integral a las víctimas, con el objetivo de “abarcar un universo mayor de los afectados”, precisó Devoe.
Por último, el secretario del Consejo de Derechos Humanos del país sostuvo que políticamente los venezolanos pueden tener puntos de desencuentro, pero deben otorgarle importancia al perdón, reconocer que con el diálogo productivo se pueden dirimir las diferencias, y que con el uso de estrategias de terror y coacción no alcanzarán el poder político.
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