Permite a los ciudadanos estadounidenses que fueron objeto de nacionalizaciones o expropiaciones por las leyes cubanas a partir de enero de 1959, de bienes por un valor superior a 50 000 dólares, presentar reclamación ante las cortes de EE. UU., contra aquellas personas que «trafiquen» con sus antiguas propiedades, sin tener en cuenta razones y fundamentos básicos en materia de nacionalizaciones, entre otros la competencia exclusiva para conocer y resolver sobre ellas de los tribunales del Estado expropiante, como establece la Resolución 1803 (XVII) aprobada por la Asamblea General de la ONU, el 14 de diciembre de 1962, titulada Soberanía permanente sobre los recursos naturales, que dispuso: «En cualquier caso en que la cuestión de la indemnización dé origen a un litigio, debe agotarse la jurisdicción nacional del Estado que adopte esas medidas. No obstante, por acuerdo entre Estados soberanos y otras partes interesadas, el litigio podrá dirimirse por arbitraje o arreglo judicial internacional».
Sin atender al Derecho internacional ni a las más elementales reglas de competencia judicial internacional, a las cortes de EE. UU. se les endosa una competencia que no tienen. Es cierto que la función jurisdiccional es un atributo de la soberanía y que se ejerce exclusivamente por los tribunales de un Estado determinado dentro de su territorio. Pero es cierto también que su ejercicio extraterritorial solo puede llevarse a cabo cuando se halle expresamente consentido por el Estado extranjero afectado, o establecido por Convenios internacionales.
Hasta aquí se aprecian las violaciones siguientes: Seguir leyendo Ilegalidad y consecuencias (+ Video)
Conociendo Cuba en Panamá 